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“Nosotros No Tenemos Armas Para Echar A Pique Sus Fuerzas Navales,
Pero Tenemos el Arma de Echar a Pique Su Prestigio en El Mundo.” Albizu 1930

Editorial-La caja de Pandora de la Ley 22

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Tomado de ClaridadPuertoRico.com

Desde el principio se le vieron los huecos. La llamada Ley 22 (60) es como la caja de Pandora, un estatuto defectuoso y opaco que se le vendió a nuestro pueblo como la solución mágica para que Puerto Rico saliera del estancamiento económico de las últimos 17 años, y que se ha convertido, a lo largo de los 11 años transcurridos desde su implantación, no solo en un fiasco que nos ha creado disloque social, enajenación de espacios y patrimonio público, desplazamiento poblacional  y otros numerosos problemas, sino que desde hace dos años está bajo la mira del Servicio de Rentas Internas Federal, IRS, por sus siglas en inglés, que ha identificado que 100 de los  beneficiarios de dicha Ley han incumplido con el requisito de residencia en Puerto Rico que exige el estatuto.

Esa noticia, que rompió Bloomberg News esta semana, es el primer resultado de más de dos años desde que el IRS, respondiendo a un requerimiento del Congreso de Estados Unidos, comenzó a auditar las obligaciones contributivas de los beneficiarios de la Ley 22.

En su informe del año 2020 al Congreso, el IRS había concluido que la Ley 22 de Puerto Rico podía servir como un subterfugio para que contribuyentes estadounidenses dejasen de pagar millones de dólares al erario federal. De hecho, en aquel informe, el IRS incluyó los datos de 2, 331 beneficiarios de la Ley 22, de los cuales 647- un 27 por ciento- habían pagado $558 millones al tesoro federal durante los cinco años anteriores a su «mudanza» a Puerto Rico.

«La investigación del IRS confirma lo que es conocido por todos. Tenemos beneficiarios de la Ley 22 que no solo incumplen con los requisitos mínimos de la ley, sino que además buscan como sacar mayor ventaja a la falta de fiscalización por parte del Gobierno de Puerto Rico. El DDEC ( Departamento de Desarrollo Económico y Comercio) ha admitido públicamente que no cuenta con la capacidad para fiscalizar, y los beneficiarios lo saben«, expresó a CLARIDAD  la portavoz del Centro para la Democracia Popular, Marilyn Goyco. Dicha entidad  está detrás de la campaña Not your Tax Haven, cuyo objetivo es conocer cuál ha sido el impacto de la Ley 22 en Puerto Rico durante los pasados once años. Goyco también reveló que fue su organización la que solicitó al IRS información sobre el progreso de las auditorías, y el resultado fue la noticia publicada por Bloomberg News.

Por su parte, el Centro Investigativo de Prensa (CPI) publicó los hallazgos de su investigación de 2021 que constató el fracaso del propósito original de l Ley 22, que era ser una herramienta para la creación de empleos y el desarrollo económico de Puerto Rico. Los datos del CPI son demoledores. Una muestra al azar de 304 beneficiarios de dicha ley reflejó que la mayoría operan negocios  que apenas crean empleos y solo tienen un impacto marginal sobre la actividad económica en Puerto Rico. Entre ellos se repiten las empresas de bienes raíces, compañías de asesoría financiera y manejo de inversiones, y la mayoría ni siquiera tiene oficinas sus direcciones corresponden a residencias o apartamentos. También hay un grupo de estos empresarios que obtienen el decreto automáticamente por ser familiares de alguno de los beneficiarios, sin que realmente operen un negocio que cumpla con los requisitos, otros son retirados y otros autoempleados que realizan trabajos a distancia, y no invierten ni llevan a cabo ningún negocio en Puerto Rico.

Mención aparte merecen los especuladores de los llamados bancos internacionales, de los cuales ya sabemos de lo que son capaces, o7 los «magnates» de las criptomonedas, actividad de impacto económico nulo para nuestro país, pero muy apetecible en ciertos círculos por su opacidad y maleabilidad para el lavado de activos.

Por último, la investigación del CPI concluye: «En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca audito a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto«.  Por lo tanto, tal parece que para los empresarios en busca de un «paraíso», la pobre fiscalización del Gobierno de Puerto Rico es el gran imán que los atrae hacia la Isla.

Como en la leyenda griega, tal parece que la caja de Pandora de la Ley 22 está a punto de estallar y arropar a cientos de sus «empresarios» y también al gobierno colonial de Puerto Rico con su estela malsana y pestilente. Cuando eso ocurra, nadie podrá quejarse de no haber sido advertido sobre las consecuencias de este fiasco.

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