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¡Se asoma la victoria!

Perdón presidencial: una victoria agridulce 

agosto 1999

 

El miércoles 11 de agosto el Presidente Bill Clinton se vió forzado a firmar una orden extendiendo el perdón presidencial a 11 de los 15 prisioneros políticos puertorriqueños. Esto representa una gran victoria para la campaña por la excarcelación de estos presos y en particular para el Comité Nacional Pro-Excarcelación Prisioneros de Guerra y Presos Políticos Puertorriqueños. La euforia inicial se tornó en idignación al enterarse que el Presidente estaba imponiendo condiciones estrictas como requisito para la liberación de los presos.  Con esta victoria agridulce el Presidente tuvo que reconocer la fuerza de la campaña que ha ido creciendo en los últimos años. Además es importante recalcar que el presidente y el Departamento de Justicia tuvieron que admitir que las sentencias de los prisioneros eran desproporcionadas y excesivas.  

 

Sin duda alguna, la protesta el 23 de julio en Washington, D.C., donde 17 compañeros fueron arrestados en una manifestación de desobediencia civil, fue la gota que desbordó el cubo. 

 

Lo que sigue es nuestro análisis de los problemas que presentan las condiciones que impuso el Presidente a nuestros patriotas con su oferta de perdón presidencial.  

 

Problemas con las condiciones impuestas a los prisioneros políticos puertorriqueños por la administración del presidente Bill Clinton: 

 

  1. La oferta no aplica por igual a todos los prisioneros por los cuales se presentó el pedido de libertad incondicional. Sólo once de los quince están incluidos. Juan Segarra Palmer, si acepta las condiciones presentes, saldría en cinco años; Oscar López Rivera en 10 y tanto a Antonio Camacho Negrón como a Carlos Alberto Torres se les niega arbitrariamente la oferta de libertad bajo palabra.

 

  1. La oferta requiere que los prisioneros accepten una serie de condiciones. Aunque el gobierno admite que las sentencias impuestas a los prisioneros políticos puertorriqueños fueron excesivas, las condiciones que se les pide que acepten no constituyen una comutación de sentencia. Simplemente los sueltan a la calle para que continúen cumpliendo el resto de sus sentencias excesivas, en algunos casos para el resto de sus vidas.

 

  1. El documento que le presentó la Casa Blanca a los prisioneros para que firmen, entre otras cosas exige que estos renuncien a la violencia como prerequisito a su excarcelación. Los prisioneros ya hicieron claro en una declaración colectiva al Comité de Recursos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante las audiencias previas al Proyecto Young, sobre el caso de Puerto Rico, que su intención era integrarse al proceso político y a la vida cívica y civil legal de sus comunidades, entendiendo que los tiempos han cambiado, e indicaron su deseo de integrarse a un proceso inclusivo y verdaderamente democrático para resolver el status colonial de Puerto Rico.

 

  1. La mayoría de las condiciones que les impone este documento no son explícitas. Sencillamente se refieren como las condiciones establecidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Aunque la Casa Blanca no presentó copia de estas condiciones a los prisioneros, a sus abogados, ni a la campaña, nuestra investigación reveló que las condiciones incluyen restricciones estrictas sobre viajes, asociación política, y libre expresión. Si las autoridades determinan que alguna mínima condición es violada por uno de los prisioneros, la comutación de dicha sentencia quedaría instantáneamente anulada y sus sentencias originales volverían a entrar en efecto. Irónicamente, los prisioneros disfrutan mayor libertad de expresión en la cárcel que lo que les sería impuesto por las condiciones. En los casos donde se encuentran más de dos de ellos juntos en una prisión tendrían mayor libertad de asociación de la que tendrían bajo las condiciones que les impone la Casa Blanca. Además, las condiciones limitan sus viajes y su capacidad de asociarse entre ellos mismos y con otros activistas que han sido injustamente criminalizados.

 

  1. La oferta es punitiva. Mientras la campaña presentó la solicitud por parte de los prisioneros pidiendo la excarcelación incondicional de todos los prisioneros como un gesto humanitario y un acto de reconciliación política, la oferta se queda corta de liberarlos y por lo contrario continúa el castigo y la criminalización de estos hombres y mujeres por su inquebrantable compromiso con la lucha por la libertad de Puerto Rico.

 

  1. Los prisioneros no tienen la más mínima posibilidad de conversar entre ellos mismos sobre la oferta que le presenta el presidente. Su capacidad de discutir las condiciones con sus abogados, familiares y la campaña, que ha trabajado tan arduamente para lograr su excarcelación, está limitada a la cantidad de dinero que tienen disponibles, ya que en la mayoría de sus casos tienen que pagar por sus propias llamadas y estas están limitadas a quince minutos, son interceptadas y son interrumpidas abruptamente al concluir las mismas. Por esta razón, los abogados han pedido a Casa Blanca que facilite el traslado al Centro de Correcciones Federal de Chicago, Illinois para que puedan discutir colectivamente con los abogados la oferta del Presidente Bill Clinton.

 

  1. La administración de Clinton/Gore ha participado en varios esfuerzos para lograr la excarcelación de varios prisioneros políticos a traves del mundo entero, como en Sud-africa, Irlanda y Kosovo, donde los prisioneros fueron liberados incondicionalmente. En el caso de Nelson Mandela, el gobierno de los Estados Unidos exigió su libertad incondicional. Mandela quien fue convicto por el mismo crimen que los prisioneros políticos puertorriqueños – conspiracion sediciosa – ha sido el mayor instrumento para la democratización del sistema político de Sud-africa.  Los puertorriqueños y sus simpatizantes inmediatamente denunciaron las condiciones de la oferta como insultantes y humillantes para los prisioneros y para el pueblo puertorriqueño en general. Los congresistas Luis V. Gutiérrez, Nydia Velázquez, José Serrano, el Reverendo Jesse Jackson, el Arzobispo de San Juan Roberto González Nieves, el Concejal de la Ciudad de Nueva York José Rivera, la Coalición Nacional Puertorriqueña, El Fondo para la Defensa Legal y Educativa de los Puertorriqueños, La Asociación de Juristas Americanos, el Gremio Nacional de Abogados, entre cientos más, se han expresado en una voz firme y contundente.  

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