LA PAZ NO PUEDE SER IMPUESTA POR LA FUERZA DEL ESTADO
Señor Presidente, señores delegados. Soy Eduardo Villanueva Muñoz, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Comparezco, como tantos años, a llamar la atención, no sólo de éste Comité, sino de la comunidad latina que vive y vota en Estados Unidos, de la nación puertorriqueña que reside en el territorio que aún hoy es Puerto Rico, según la doctrina de los casos insulares y del propio informe de Casa Blanca, que ratifica dicha condición territorial.
La situación colonial que vive nuestro país, provoca que se haya generado un grave deterioro en la convivencia de los puertorriqueños, que afecta la calidad de vida de los habitantes del territorio. La seguridad pública se ve afectada por las actividades del narcotráfico, que de algún modo subsidia la economía puertorriqueña, por las propias deficiencias que genera un sistema que no permite planificar la economía conforme a los intereses del país intervenido.
En Puerto Rico ocurren cerca de 1,000 asesinatos anuales. Existe un clima generalizado de violencia, impuesto por la dinámica de un mercado ilegal que se encarga de subsidiar el consumo, que en última instancia beneficia predominantemente a la economía de Estados Unidos, país del cual somos uno de sus mercados principales. La corrupción gubernamental y la puesta en práctica de una política neoliberal ha empobrecido considerablemente a las masas puertorriqueñas, que se ven obligadas a migrar o a vivir de los subsidios del gobierno y a su vez a delinquir en ocasiones, para poder sostener el patrón de gastos a que las condiciona el sistema de capitalismo salvaje al cual hemos sido sometidos.
El actual gobierno de Puerto Rico, pretende imponer la paz por la fuerza. Busca implementar la docilidad y la conformidad, tratando de abolir en la práctica, el sistema de frenos y contrapesos, que es la base teórica del sistema republicano de gobierno. En esa dirección se han tomado varias acciones para garantizar los intereses de los bonistas y del capital que subvenciona su propio mercado de consumo. Se despidieron miles de empleados públicos que tenían derechos adquiridos y una expectativa de permanencia en el empleo, algunos con más de una decena de años en el servicio público.
El FBI, que es la policía del país interventor, reprimió periodistas con gas pimienta y con agresiones físicas, en un operativo en De Diego 444 en Rio Piedras, que no produjo un solo arresto, ni acusaciones algunas a base del material incautado. Todo intento en el Tribunal Federal de la colonia, para que se resarza a los afectados ha sido bloqueado y los afectados aún esperan justicia a sus agravios.
Se agreden sindicalistas y estudiantes en un evento de protesta en el Hotel Sheraton en San Juan y la policía se niega a entregar el resultado de la investigación que se efectuara ante las querellas de brutalidad policiaca.
Se agredieron padres, maestros y estudiantes en la huelga de la Universidad de Puerto Rico. Ante las querellas de los involucrados, el Gobierno actual y su Departamento de Justicia, se niegan a informar qué pasos ha dado dicho departamento para investigar las querellas y proteger los derechos civiles de los participantes.
Ante una visita del Presidente Obama, se concede el día libre a los empleados públicos que quieran ir a recibirlo, pero se le niega a los que quieren protestar o pedir la reparación de agravios, por el sistema colonial que vive en Puerto Rico. Es decir, se utilizan fondos públicos para reprimir el pensamiento disidente y premiar la obediencia servil de los que apoyan las políticas del actual gobierno. Se pretende que el Estado opere como un ente monolítico en que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, actúen como un equipo integrado, que limite o elimine la oposición real a la política neoliberal, de eliminación de plazas públicas, privatización, destrucción de recursos naturales y agrícolas, que se está implementando.
Se ha legislado para que los que necesiten instar un pleito en protección de recursos naturales, terrenos agrícolas o acceso a las playas, tenga que prestar una fianza que puede resultar excesiva, para proteger los desarrolladores e intimidar y disuadir a los ambientalistas. Se pretende construir un tubo que le rajará el vientre a la montaña puertorriqueña, a un costo de miles de millones de dólares, aún cuando no se cuenta con la capacidad para transportar el gas natural que se pretende suplir por el tubo de alta peligrosidad y toxicidad. La información sobre ese proyecto se otorga por cuenta gotas o en secreto y se mantiene bajo el control del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y del gobierno regente en Puerto Rico.
El poder federal ocupa el campo de las investigaciones criminales y las autoridades estatales presionan los jueces para limitar, sin enmienda constitucional, el derecho a la fianza, (fijando fianzas excesivas que equivalen a no poner fianza real). No se respeta la prohibición constitucional local de no interceptar comunicaciones telefónicas y por consiguiente, prima sobre la voluntad del pueblo que aprobó una Carta de Derechos en el 1952, los intereses de los Estados Unidos en cuanto a su manera de impartir justicia. Voceros de la fiscalía federal y funcionarios que otrora trabajaron en el FBI, siguen presionando la opinión pública para que acepte la pena de muerte a nivel federal y se condiciona la mente del pueblo para que eventualmente se acepte a nivel estatal. En justicia hay que decir, que tanto el Comisionado Residente, como el Gobernador, se oponen a la misma, a nivel estatal, aunque contradictoriamente, la aceptan a nivel federal. El Pueblo de Puerto Rico, se opone a la pena de muerte y lucha contra el sistema jurídico que permite este oprobio, este discrimen, que se nos trate menos que a reservaciones indias, en cuanto a reconocimiento de los derechos que tienen dichas reservaciones. Contra el sistema federal que he descrito y sus consecuencias, es que han luchado nuestros presos políticos. Obama, cuando era candidato, dijo en Puerto Rico que habría de atender el caso de los presos políticos, uno a uno, caso a caso. Hay un caso, que es el de Oscar López Rivera, que es una patente injusticia y un acto de tiranía, cada día en que transcurre encarcelado luego de 30 años, por su lucha en pro de la independencia de Puerto Rico.
No puede haber verdadero proceso de autodeterminación, mientras existan presos políticos. No puede haber descolonización, mientras el poder federal permita y apoye excesos de poder y uso de excesiva fuerza policiaca, para reprimir protestas, reclamos de justicia, defensas del ambiente y de los derechos de obreros y estudiantes, por el régimen actual que en alguna medida, responde a las políticas públicas del gobierno federal en Puerto Rico. Todos estos grupos disidentes y reprimidos, esperan por el resultado de una querella que radicó la ACLU ante el Departamento de Justicia en Washington para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos que por su activismo social, son perseguidos en Puerto Rico.
El Gobierno local, especialmente varios de sus funcionarios electos, aun dentro del partido de mayoría, no están necesariamente de acuerdo con la política, que desde el Poder Ejecutivo, se implanta contra el movimiento obrero y los recursos ambientales.
El puertorriqueño promedio resiente que a nivel federal se impongan políticas represivas, para limitar o extinguir la disidencia. En temas de derechos humanos y en defensa de los puertorriqueños, el pueblo y sus representantes, se unen para proteger y preservar los derechos de sus compatriotas, más allá de ideologías políticas. Eso explica el apoyo y la base de consenso que ha alcanzado la campaña para excarcelar a Oscar López Rivera.
El Presidente Obama, tiene la obligación moral de actuar a la altura de los compromisos y las actuaciones que su nación efectúa en nombre de la paz y la democracia. Así lo han reclamado públicamente diversos sectores ideológicos y de soluciones variadas de status político, que se proponen como alternativas al régimen colonial que aún existe en Puerto Rico. Un hombre justo, que ha entregado su vida y su libertad por la libertad de su pueblo, languidece por más de treinta años en cárceles federales. Este Comité debe exigir en su resolución, que se excarcele a Oscar López a la brevedad posible. Ello propiciara que la política de Estados Unidos sobre derechos humanos y su accionar en la colonia que mantienen en Puerto Rico, sea consistente con los reclamos que le hacen a otros países del mundo en el tema de los derechos universales de todos los seres humanos. De hecho, todas las potencias del mundo deben ser vigilantes entre sí para que se respeten los derechos de cada ciudadano, que le asisten meramente por ser seres humanos. La Asamblea General debe retomar el caso de Puerto Rico, de modo que las resoluciones que emita éste Comité no continúen siendo ignoradas por el Gobierno de Estados Unidos, como lo ha estado siendo hasta el presente.
Señores Delegados, es momento de actuar y velar porque se respete el derecho internacional. Esa es la ruta de la descolonización y la paz verdadera.
¡Muchas gracias!
Lcdo. Eduardo Villanueva Muñoz
Portavoz
Comité Pro Derechos Humanos
De Puerto Rico
ONU, New York
20 de junio de 2011
Baje la presentación con notas de alcalce aqui.