La fuerza comunitaria que liberó a Oscar López

La fuerza comunitaria que liberó a Oscar López

Una campaña socialmente activa convirtió al prisionero político en un nombre familiar en Puerto Rico

Las gestiones a favor de la excarcelación de López Rivera tuvieron sus momentos altos y bajos. (Archivo) Para muchos, es simplemente Oscar Una campaña activa, arraigada en las comunidades de base y en la pluralidad, convirtió al prisionero político Oscar López Rivera en un nombre familiar en Puerto Rico y muchos sectores de la diáspora.

Los organizadores de la campaña que consiguieron que 68 horas antes de dejar la presidencia de EE.UU., Barack Obama conmutara la sentencia de López Rivera –sujeto a que cumpla cuatro meses más de cárcel– destacan que se construyó sobre los esfuerzos anteriores para liberar a prisioneros políticos, desde los nacionalistas en la década de 1970 hasta miembros de Los Macheteros y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) en 1999.

Para algunos, el furor de la llegada de los cuatro presos nacionalistas –Rafael Cancel Miranda, Lolita Lebrón, Oscar Collazo e Irving Flores– al aeropuerto internacional de Isla Verde en septiembre de 1979, es un lejano recuerdo. Otros lo han leído en los libros de historia.

Pero, José López Rivera, el hermano de Oscar López Rivera, quien como el prisionero independentista trabajó en la campaña a favor de los nacionalistas, piensa que el pueblo miró más allá de la imagen del revolucionario, para entender las razones humanitarias que justificaban su excarcelación.

Cumplidas tres décadas en cárceles estadounidenses, después del presidente Bill Clinton haberle ofrecido una clemencia en 1999 que le hubiese sacado de prisión hace más de seis años, el lazo unificador fue la percepción de que López Rivera cumplía una sentencia desproporcionada y que seguía en prisión como represalia por defender sus principios.

En 2006, siete años después de explicar que no aceptó la clemencia de Clinton por no incluir a colegas como Carlos Alberto Torres, López Rivera habló con El Nuevo Día por teléfono. Era la primera vez desde 1999 que se comunicaba con un medio de comunicación. Su abogada, Jan Susler, buscaba revivir el debate sobre su caso y el de Torres.

Para entonces, los esfuerzos no eran tan visibles.

“La gente piensa que todos salieron en 1999”, afirmaba, también en 2006, Clarisa López Ramos, la única hija de Oscar López Rivera, decidida a elevar el perfil del caso de su padre.

La campaña a favor de la excarcelación de López Rivera tuvo altos y bajos.

Pero, fue abarcadora y diversa. Ganó prestigio a nivel internacional, con el respaldo de premios Nobel como Desmond Tutu, y Jimmy Carter, quien como presidente de EE.UU. excarceló a cinco presos nacionalistas.

Algunos de los que han trabajado durante décadas por la excarcelación de López Rivera dicen que no sería correcto hablar de un solo momento culminante en el proceso hacia su liberación.

Pero, la excarcelación de Torres en 2010, sin duda, colocóel foco sobre López Rivera.

Por un lado, en 2011, la Junta de Libertad bajo Palabra le negaba a López Rivera el beneficio de libertad condicionada que acababa de otorgarle a Torres.

Comenzaron a surgir las comparaciones con Nelson Mandela, quien estuvo 27 años en prisión y apostó en una etapa de su vida por la violencia.

Para entonces, los gritos de “libertad para Oscar” que con naturalidad se escuchaban desde Chicago, ganaban fuerza en otras comunidades boricuas e hispanas en EE.UU.

En mayo de 2015, en una marcha por las calles del antiguo barrio hispano de Nueva York, la fuerza del movimiento se hizo evidente.

Los activistas boricuas caminaron de la mano por López Rivera, junto a mexicanos, dominicanos, colombianos, afroamericanos, y representantes de sindicatos.

El retrato de López Rivera era cargado en festivales en Chicago, Orlando, Filadelfia y Nueva York. Apareció de pie en balcones y negocios de comunidades boricuas en EE.UU. y el Viejo San Juan.

Treinta y dos mujeres en San Juan y 32 en Nueva York, además, iniciaron un peregrinaje cada último domingo del mes para clamar por su liberación en 2013. Cada año se fue sumando otra manifestante, hasta representar los 35 años de cárcel que cumplió en mayo pasado.

A partir de 2013, se abrió el acceso de los medios a López Rivera. “Creo que el Negociado de Prisiones reconoció que su caso había cobrado prominencia”, sostuvo Susler.

López Rivera comenzó a contar su versión de la historia, difuminando el sello de terrorista con el que quiso definirle el gobierno de EE.UU.

Con sus cartas a su nieta Karina, López Rivera narró –a través de El Nuevo Día–, la historia de su vida, su militancia independentista y su anhelo por volver a su familia. Aquellos años en que el contacto más cercano con su nieta era juntar las manos cada uno a un lado diferente del cristal.

Aprovechó también la oportunidad para negar la campaña que le quería vincular con el ataque al restaurante Franceus Tavern de Wall Street, ocurrido en enero de 1975, cuando dice que el propio FBI sabía que estaba en una conferencia en Isabela. “Para mí es fuerte y doloroso que me traten de culpar, no tengo nada que ver. El gobierno (de EE.UU.) ha hecho muchas acusaciones falsas”, dijo en junio de 2013.

En la más reciente entrevista con El Nuevo Día, el pasado 1 de diciembre, subrayó que “si las agencias federales tuviesen una huella digital mía asociándome con cualquier cosa en que haya habido muertos, estuviera sentenciado a cárcel de por vida”.

Respaldar la excarcelación de Oscar López Rivera se convirtió en una exigencia fuera de líneas partidistas. Ahí estuvieron el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y el pasado comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como gobernador, Alejandro García Padilla sorprendió al visitar en la cárcel a un prisionero que la Policía federal describió como terrorista.

Al másalto nivel de las instituciones religiosas –incluso con la intervención del papa Francisco– también se abrazó su causa.

Lo mismo sucedía con los principales sindicatos. Los líderes de grupos como la central sindical AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y de la Federación Americana de Empleados Estatales, Condados y Municipales (AFCSME), todos con mucho peso político dentro de la Casa Blanca, enviaban cartas al ahora expresidente Obama.

El Caucus Hispano del Congreso, que reúne tanto a moderados como liberales demócratas y suele eludir fijar posiciones sobre asuntos que les dividen, como el tema del status político de Puerto Rico, rompió su tradición y también le escribió a Obama.

En la víspera de la histórica votación en el Congreso sobre la legislación PROMESA, que impuso la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de la Isla, Obama llamó al despacho Oval a los congresistas demócratas boricuas José Serrano, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez.

Gutiérrez, quien ya había descrito PROMESA como un acto dictatorial, sabía que era un esfuerzo para presionarle.

Pero, aprovechó aquel 8 de junio de 2016 para recordarle el caso pendiente de López Rivera. Obama, una vez más, fue impreciso. Gutiérrez prefirió entender que el presidente rechazaba que el caso de López Rivera estuviera listo para una decisión final. Había que endurecer la batalla.

“Luis, sabes que estoy usando mis poderes de indulto de forma más amplia. Has visto lo que he hecho. Vete y reúnete con el Departamento de Justicia”, le indicó Obama, según narraba esta semana Gutiérrez, quien sostiene que en aquel momento “no quería levantar falsas esperanzas”.

Por meses, el caso estuvo bajo discusión en la Casa Blanca, que a finales de año recibió, a través de su página de internet, más de 108,000 peticiones a favor de la liberación física de López Rivera. El 14 de diciembre, la respuesta oficial fue que el caso seguía en el Departamento de Justicia.

No obstante, Neil Eggleston, el consejero legal de Obama, escuchaba desde el verano pasado con atención el reclamo del entonces secretario de Justicia, César Miranda, para que se permitiera a López Rivera regresar a casa.

Hace solo un mes, el 22 de diciembre, Eggleston tuvo además una conferencia telefónica con el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves; el reverendo Heriberto Martínez, y el director del grupo Jubilee USA, Eric LeCompte.

Mientras, el exasesor de Obama, David Axelrod, servía de enlace.

Cuando se desarrolló la última protesta en Washington D.C., en el natalicio de Eugenio María de Hostos, el optimismo era evidente. De todos modos se entregaron otras 100,000 firmas a favor de su excarcelación.

En la mañana del 17 de enero, cerca de 40 funcionarios del gobierno del expresidente Obama hicieron el último llamamiento. La presión nunca cesó.

Horas después, el abogado a cargo de la oficina de Indultos del Departamento de Justicia le daba las buenas nuevas a Susler, quien tuvo a su cargo telefonear a López Rivera a la prisión de Terre Haute (Indiana).

Cuando el presidente Carter liberó a los nacionalistas en 1979, el excongresista demócrata Robert García telefoneó al entonces gobernador Carlos Romero Barceló para darle una noticia que sabía que el dirigente político estadista no iba a recibir contento.

García, quien había promovido la excarcelación de los nacionalistas, recordó en una entrevista en 2013 con El Nuevo Día que Romero escuchó y, sin comentar, enganchó.

Cuatro décadas después, cuando el gobernador Ricardo Rosselló fue informado de la excarcelación de López Rivera, tuiteó su satisfacción.

Cuando la abogada Susler telefoneó al hermano y la hija de López Rivera para darles la noticia, en la conferencia estuvieron tres funcionarios electos: el congresista Gutiérrez, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

José López Rivera dijo que la conversación duró poco. No podían hablar. Todos comenzaron a llorar.

El últmo prisionero independentista puertorriqueño de la era de la guerra fría, será excarcelado en cuatro meses.